Los perjudicados, son generalmente personas jurídicas. Se trata, usualmente, de bancos, compañías de seguros, empresas públicas y privadas, etc., sin importar si cuentan o no con medidas técnicas de protección.
Una vez que estas asociaciones detectan las conductas ilícitas de las cuales han sido objeto, suelen no denunciar los delitos por temor a sufrir una pérdida en su imagen corporativa. No están dispuestas a perder su status de seriedad, solvencia y seguridad, y antes de ver sus debilidades expuestas, prefieren solucionar el problema mediante la aplicación de medidas internas, como despidos o aumento de medidas de seguridad. Por supuesto, esta actitud no hace, sino favorecer a los delincuentes, quienes continuarán con sus conductas con la mayor impunidad.
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